El empleo informal comprende las relaciones laborales que no están cubiertas por la protección de normas laborales o sociales, pudiendo ser por razones de hecho o de derecho. En ese marco, la principal causa de la informalidad, es en virtud del incumplimiento del marco normativo. Por un lado, debido a que existen micro negocios de trabajadores que -por voluntad propia, ignorancia o negligencia- deciden mantenerse en situación de informalidad. Por otro lado, microempresarios informales no registrados, que tienen como problema; la escasa dotación de capital por la pequeña escala en la que operan, dificultándoles alcanzar niveles de productividad adecuados para poder cubrir los costos de la formalización.

A continuación, se presentarán datos interesantes que reflejan la situación de informalidad en Latino América:

• El porcentaje de empleos informales es mayor en los sectores socioeconómicos con menor educación.
• El 75% de los trabajadores informales no tienen educación universitaria. Mientras que, el 63% únicamente tiene educación primaria. 
• Existe un 10,6% de empleo informal proveniente del trabajo doméstico. 
• El sector público registra un 4,3% de empleo informal. 
• El colectivo conformado por trabajadores de pequeñas empresas, domésticos o por cuenta propia concentra casi el 80% del empleo informal a nivel regional. 
• La reducción del empleo informal, entre 2009 y 2012, se ha producido en todos los sectores del mercado. 

Informalidad laboral en Perú

Actualmente, en Perú, la población económicamente activa (PEA) oscila entre los 15 o 15.5 millones de trabajadores, de los cuales 4 millones están en planilla, 2.7 en el sector privado y 1.13 en el sector público. En contraste, el 60% de los trabajadores están fuera de nómina. En consecuencia, el escenario del mercado laboral es sumamente informal, principalmente, en las microempresas, donde solamente el 5% de los trabajadores están en planilla. 

Diego Macera -Gerente del Instituto Peruano de Economía- declara que en Perú existe un sistema, en el cual es más barato ser informal que ser formal. Tal cual, dicha afirmación se revela en la realidad, presenciando un margen de 70 a 75% de trabajadores peruanos que no poseen seguros, ni vacaciones, ni derechos laborales, ni acceso a ningún tipo de remuneración mínima vital. En otras palabras, empleados que se encuentran en absoluto desamparo de la ley y con una productividad muy baja. 

En el caso de las pequeñas empresas, tal nivel de informalidad cubre al 88 o 90%, a la vez que, en el caso de las medianas empresas es, más o menos, 50%. De modo que, sólo el 20% de trabajadores se encuentran registrados en planilla. Esto no significa que el 80% sea informal, porque los formales que no están en nómina reciben recibos por honorarios, así, sería una suerte de semi-formalidad, no un mercado negro. 

De tal forma, el sistema laboral peruano se configura como uno que penaliza ser formal, contrariamente, subsidia a la informalidad. Por ejemplo, el SIS, que exige un pago de 15 soles a las microempresas por cada trabajador inscrito, mientras que la persona informal puede acceder gratuitamente. De igual manera, otras obligaciones tales como el pago de las CTS por los formales, o los costos que ameritan por el despido de trabajadores.

Por esta razón, se sostiene que este sistema está pensado y diseñado para otras realidades, empero que se ha adoptado en la regulación peruana. En ese sentido, es probable que esta estructura funcione en países que tienen 80, 90 o 95% de trabajadores formales. Sin embargo, en un país que posee 20% de formalización, no tiene sentido.

Asimismo, se suele relacionar la formalidad con el PBI per cápita, no obstante, con el crecimiento económico no desaparecerá la informalidad. En Perú, en los últimos diez años, el PBI ha crecido a razón de 5% en promedio al año. Según cifras del Banco Mundial, 1% de crecimiento del PBI al año tiene un 0.8% de crecimiento del empleo. Empero, en los últimos 10 años, el empleo formal ha crecido a un ritmo del 1 % al año. Entonces, no tenemos un crecimiento de 4.8% en el empleo formal que se encuentre al ritmo del PBI. De tal modo, se revela el problema de la informalidad en el mercado laboral, puesto que el empleo ha crecido a un ritmo de 44.5%, pero de ese 44%, sólo el 1% es formal. 

En 2016, las metas anunciadas por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y refrendada por el jefe del Gabinete, eran duplicar las tasas de la fuerza laboral hacia el 2021, de 30% a 60%. A pesar de ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo la meta de formalización laboral, al 40% para el 2021. En 2020, sólo el 30% era formal. 

Propuestas latinoamericanas para reducir la informalidad

Los países de América Latina y el Caribe experimentaron procesos de incremento, desde mediados de la década pasada, en vista que la tasa anual de crecimiento del empleo formal alcanzó un promedio de 4,8% entre 2003 y 2007. Verbigracia, el empleo informal no agrícola en América Latina y el Caribe se ha reducido de 50% en 2009 a 47,7% en 2012. En tal aspecto, estas mejoras se fundamentan en factores económicos relacionados con el crecimiento de la región y la aplicación de políticas específicas. De esta suerte, la estrategia para la formalización requiere un entorno económico favorable y políticas formales estructuradas, en lugar de medidas aisladas, que ayuden a enfrentar fenómenos multidimensionales y altamente heterogéneos. 

El Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe (FORLAC) inició una serie de análisis, con el objetivo de estudiar las políticas implementadas y determinar su vinculación con las reducciones del empleo informal. Tal cual, se determinó 3 vías -productividad, normas e incentivos- que facilitan el tránsito hacia la formalidad.

1. Productividad

En América Latina y el Caribe, la productividad por trabajador ha crecido en la última década, pero lo ha hecho a un ritmo menor en comparación al promedio mundial. Diversos factores contribuyen a esta falta de productividad, tales como la falta de inversión, el rezago tecnológico, las brechas en infraestructura, los déficits educativos, etc. 

Un hecho destacado por la OIT es la heterogeneidad y tendencia a la desarticulación productiva que hace posible que los sectores de alta productividad crezcan con escasa vinculación a los sectores menos productivos y donde se concentra la mayor parte del empleo. Por ende, se trata de un tema cuyo análisis y desarrollo resultan sustantivos para que los esfuerzos de formalización sean sostenibles en el tiempo.

En consecuencia, se requieren mecanismos específicos que puedan elevar la productividad. Por ejemplo, en México existe un sistema actualizado de medición de la productividad laboral y los salarios. Igualmente, en tal país hay un sistema nacional de competencias (CONOCER), en el que los estándares se construyen con participación de los actores sociales, y la vinculación con la productividad se da a partir de la definición de los contenidos de las competencias. Por su parte, en Brasil, cuentan con institutos de investigación y seguimiento del desempeño de sectores económicos clave.

2. Normas

Las normativas deben tener el objetivo de mejorar o aumentar la información y conocimiento de derechos y obligaciones de los empleadores, trabajadores y población. Se requiere adecuación o simplificación de regulaciones o procedimientos, primordialmente, relacionados con la afiliación a la seguridad social, registro de trabajadores o pago de obligaciones laborales. 

Es necesario que exista un diálogo social en sus diferentes modalidades para dotar de legitimidad y sustentabilidad a las normas y regulaciones.

En Colombia, mediante el uso de la simplificación reglamentaria, se implementó la estrategia “Colombia Trabaja Formal”, que difunde información sobre la formalización de sectores económicos con alta incidencia en la informalidad. 

En Uruguay, se efectuaron diálogos nacionales en torno a cambios en la seguridad social y en las políticas de empleo. De modo que, se nivelaron los aportes patronales jubilatorios a la seguridad social por sectores productivos, y se flexibilizaron las condiciones de acceso a los beneficios de los programas tradicionales.

3. Incentivos

La implementación de regímenes simplificados ha buscado resolver problemas de administración tributaria, buscando incorporar la formalidad a un amplio sector de contribuyentes que desarrollan sus actividades económicas en la informalidad. 

Es importante enfatizar que las medidas que incentiven la formalización a partir de la asignación de beneficios a grupos específicos deben considerar la temporalidad óptima, la gradualidad del tránsito al régimen general y el alcance de la regulación. Estos regímenes no deben ser vistos como medios de recaudación sino como mecanismos de inclusión o incorporación a la formalidad.

En Brasil, en 2008, se creó el programa “Microemprendedor individual”, en el que, por medio de un pago reducido (5% del salario mínimo), se obtiene el derecho al registro tributario y certificado fiscal para acceder a mercados y crédito; derecho a pensión de jubilación, asistencia médica por enfermedad y licencia de maternidad.

En Argentina, durante 2003 a 2013, hubo programas de simplificación tributaria, gobierno electrónico y de ventanilla única a nivel municipal y provincial. 

En Uruguay, destacan las reformas tributarias y las medidas adoptadas para la promoción de inversiones, mediante la reducción del Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE), con el objetivo de incentivar inversiones y de estimular la contratación de mano de obra y capacitación laboral. Estas disposiciones, aumentaron los proyectos de inversión promovidos en un 948%, entre 2002 y 2007, y las inversiones, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, en un 380%. 

En Perú se ha apuntado hacia un sentido similar, por medio de la incorporación de facilidades tributarias para las MYPES (Medianas y pequeñas empresas). Así, mediante incentivos como el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) para personas naturales y microempresas, se ha permitido el pago de una cuota fija, que exime de los impuestos a las ventas y a la renta. De igual manera, se ha establecido un Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), que establece una tasa fija sobre ingresos netos mensuales, aunque no excluye el pago de IGV.