El retorno de los talibanes al poder en Afganistán ha generado la huida de mujeres, niños y hombres que temen por las reglas que se instaurarán en el país. La comunidad internacional se encuentra desconcertada por el futuro de los derechos humanos en la región y las posibles amenazas terroristas.

El pasado domingo 15 de agosto del 2021, el presidente afgano, Ashraf Ghani, decidió abandonar el país tras la entrada de los combatientes talibanes a la capital de Afganistán, Kabul. Poniendo fin a la ocupación americana en ese país.

Así comenzó la trágica crónica de los civiles afganos que buscan huir de su país por la eventual instauración del régimen extremista islámico, conocido por la amplia violación de derechos humanos y, en especial, la violencia e invisibilización hacia las mujeres. Por ello, la principal preocupación de los civiles y de los defensores de derechos humanos es el retroceso en los avances en materia de derechos humanos en el país oriental.

Crónica de un retorno anunciado

Pese a que al parecer todo estalló rápidamente, el inicio del eventual regreso de los talibanes al poder no se dio hace pocas semanas, sino todo lo contrario.

Como recordamos, el gobierno de Donald Trump inició las conversaciones con los dirigentes del movimiento extremista y los representantes del gobierno afgano en el año 2017. El resultado de estas negociaciones fue el acuerdo de Doha, firmado el 29 de febrero del 2020. Comprometiéndose los americanos a retirar a sus fuerzas en un tiempo límite si es que los talibanes aceptaban dialogar con el gobierno afgano y no permitir que el territorio fuese utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenazaran la seguridad de Estados Unidos.

Asimismo, se lee en el documento que Estados Unidos se comprometió a liberar en tres meses hasta a 5 000 prisioneros talibanes, con el fin de mostrar confianza y coordinación entre las partes. De igual modo, resulta relevante la reiterada mención al no reconocimiento por parte del país norteamericano del Estado Emirato de Afganistán.

Tras este acuerdo, la situación del territorio no mejoró y las negociaciones prometidas por los dirigentes talibanes con los representantes del gobierno afgano nunca se dieron. Por el contrario, se dejó de lado al gobierno afgano y los combatientes talibanes ganaron más territorio.

Vulneración de Derechos Humanos

Ahora, el reciente informe de Amnistía Internacional relata la sistemática vulneración de Derechos Humanos generada por el conflicto interno en el territorio.

En el documento, se hace referencia a la impunidad con que se llevó a cabo el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, pues no existió referencia alguna a la protección de los derechos de las mujeres y niñas, ni mucho menos a los delitos internacionales graves cometidos por las dos partes.

Incluso, se impuso una congelación de activos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional quien se disponía a realizar una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por ambos bandos.

Derechos de las mujeres

El gobierno Talibán que concentraba el poder en los años noventa, mantenía un violento régimen contra las mujeres afganas, instaurando castigos públicos, torturas, restricciones al libre tránsito, a la educación y a la representación política.

Incluso, durante los años 2020 e inicios del 2021, las mujeres y niñas seguían sufriendo discriminación y violencia de género, en especial en las zonas donde los talibanes tenían el poder. Así, debido al miedo a las represalias, las mujeres no denuncian y las que deciden hacerlo son presionadas por sus comunidades o por funcionarios estatales a retirarlas. Además, se utilizan mecanismos que las revictimizan, como la mediación entre los agresores y las mujeres agredidas, señala el informe.

Asimismo, los derechos a la integridad física y psicológica, a la libertad sexual, libertad de expresión, a la educación y a la salud de las mujeres, son fuertemente reprimidos en la Sharía.

Derecho de los refugiados

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados regula los derechos de estos grupos, en especial estipula el principio de no expulsión, el cual obliga a los Estados contratantes no expulsar a refugiados que se hallen legalmente en el territorio de tales Estados.

De igual forma, este principio se aplica a los refugiados que no han sido reconocidos formalmente como tales y a los solicitantes de asilo. Aunque la convención permite excepciones por orden público o seguridad nacional, estas deben ser interpretadas de forma restrictiva a la luz de la ayuda humanitaria.

Considerando ello, los Estados partes no pueden denegar el acceso de los refugiados afganos, pues vulnerarían el derecho regulado en la convención e incurrirían en responsabilidad internacional. Además, el informe relata que entre el año 2020 y 2021, “Irán, Pakistán, Turquía y los países de la Unión Europea siguieron devolviendo personas migrantes y solicitantes de asilo a Afganistán, violando así el principio de no devolución (non-refoulement)”.

Asimismo, señalan que, a raíz de la pandemia, “la población internamente desplazada sobrevivió a duras penas, en muchos casos viviendo en campos densamente poblados y enfrentándose constantemente a dificultades para acceder a agua potable, atención médica y empleo”.